Etchebehere, de Nobleza: “Soy lobbyista, no valijero”

El vicepresidente argentino Julio Cobos, en conflicto con el gobierno de Cristina Kirchner, avaló un nuevo intento por reglamentar el lobbying, menos restrictivos que proyectos anteriores, esta vez encabezado por el Consejo Profesional de RR.PP. Sin embargo expertos en información parlamentaria advierten que, dado el conflicto creciente entre el vicepresidente y el gobierno, probablemente se necesitará un período más para conseguir resultados.

El puntapié inicial lo dio una reunión, esta semana en el Senado, entre Cobos y la diputada opositora Margarita Stolbizer, organizada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Manuel Garrido, el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que actualmente dirige el Programa Transparencia y Justicia de CIPPEC y con la presencia de varios representantes de la Comisión Corporativa del Consejo Profesional de RR.PP.

El último intento por regular el lobbying en el Congreso pertenece al ex senador peronista Jorge Yoma y data de finales de la década del 90. Este nuevo intento es, a juicio de los expertos, menos ambicioso, no tan restrictivo y mucho más práctico y realista. Sin embargo, dudan que las costumbres de “lobbyiar” de los empresarios argentinos cambien de un día para el otro aunque se llegue a aprobar.

Detrás de este nuevo intento está el Consejo de RR.PP. que busca “hacer pública la gestión de intereses, o lobbying, promoviendo una mayor transparencia en la agenda de los temas nacionales así como la igualdad de oportunidades”.

Entre los objetivos de esta nueva iniciativa está lograr que las comisiones publiquen en Internet su agenda para que las empresas sepan qué iniciativas parlamentarias pueden afectar su negocio.

El panel de disertantes contó con Stolbizer, diputada por el filorradical GEN; Néstor Baragli, coordinador de Políticas Anticorrupción de la Oficina Anticorrpución del Ministerio de Justicia de la Nación; Facundo Etchebehere, que además de titular de la Comisión Corporativa del Consejo es director Asuntos Corporativos y Marcos Regulatorios de Nobleza Piccardo, y Hernán Charosky, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano.

Los proyectos de resolución, formato legislativo que se adoptó para lograr su viabilidad en el tratamiento de ambas cámaras, cuentan con una propuesta, para la Cámara de Diputados que incluyen la creación de audiencias públicas, así como la incorporación de foros y video-chats de debates.

Su objetivo es hacer conocer la opinión sobre los lobbyistas a la ciudadanía en general, a personas jurídicas y de carácter público y privado y al resto de las organizaciones de la comunidad. Un aspecto importante de la propuesta es que con solo tres firmas de diputados se consiga una audiencia para que los diversos sectores afectados por las leyes puedan ser escuchados por las diversas comisiones. “Esto simplificaría mucho el proceso de discusión”, explicó Etchebehere.

En cuanto al Senado, el proyecto de resolución promueve la creación de audiencias públicas únicamente.

Si bien las opiniones de la comunidad serían tomadas con carácter consultivo, no vinculante, la comisión que expida un dictamen, luego de las audiencias públicas, deberá explicar porqué rechazó o tuvo en cuenta tal o cual propuesta de las distintas opiniones de la ciudadanía.

La iniciativa que presentó el CIPPEC apunta a devolver credibilidad al sector público en una época de múltiples sospechas y denuncias por corrupción en la administración del Estado y a lograr la igualdad de oportunidades de acceso a los debates de las comisiones parlamentarias, para que todos los actores vean sus intereses representados.

Néstor Baragli, de la Oficina Anticorrupción, propuso la elaboración participada de normas que amplíen el debate y representen los intereses de todos los actores sociales, acerca del proyecto sostuvo que “sería muy complicado definir quién es lobista y quién no”. De esta manera explicaba estar “en contra del registro de lobbistas” una restricción que ya en los 90 encontraba rechazo en las empresas.

Facundo Etchebehere dijo en su disertación que “me autodefino como lobbyista corporativo” y explicó que “hay que diferenciar el ejercicio del lobby de la famosa valija, ya que eso sí se trata de un hecho ilícito” Respecto del proyecto explicó su intención de “profesionalizarlo al máximo” y argumentó que “en el contexto en el que nos encontramos política y económicamente, es necesario generar espacios de gestión de intereses. Las empresas deben conocer los escenarios para generar negocios, así como contar con el acceso a los legisladores para desarrollar políticas conjuntas”.

En este marco, Etchebehere consideró necesario establecer un standart o parámetro de comportamiento ético de los “lobbyistas” como un mecanismo, tanto de legitimación del ejercicio del lobby, como una “garantía para sus propios intereses”.

El ejecutivo de Nobleza Piccardo propuso que se debe “fomentar al diálogo cara-cara y las relaciones basadas en transparencia, ya que tenemos que empezar a saber quiénes hacen lobby y con qué coherencia lo hacen”. “Fijar posición es el primer paso para la búsqueda de consenso y la transparencia es un proceso de construcción que estamos empezando a hacer”.

Estuvieron presentes por la Comisión Corporativa del Consejo Hernán Maurette, de Metrogas; Sebastián Parigi, de Codere; Diego Saralegui, de Petrobras, y Luciano Viglione, de Bayer, entre otros.

¿Posibilidades de que se concrete finalmente una reglamentación del lobbying?

“Creo que tiene posibilidades de salir, pero puede pasar que se apruebe pero no se respete inmediatamente”, dice Etchebehere y traza un paralelismo con la obligación de publicar declaraciones juradas por parte de los legisladores y políticos. “Esto se va a ir imponiendo de a poco, al principio va a haber reticencias”.

El hombre de Nobleza asegura que desde el Consejo Profesional quieren también aportar una suerte de aval o certificación ética y profesional a lobbyistas y consultores que no acuden al Congreso con el respaldo de una multinacional.

“En el Consejo debatimos cómo con tribunales de ética y matriculación podríamos darle cierto control de calidad a los gestores de intereses, particularmente a los consultores”, explica Etchebehere.

Por su parte, Esteban Bicarelli, director de la consultora BL Asuntos Públicos, una agencia que se dedica precisamente a buscar la información del estado de los proyectos en el Congreso para advertir tempranamente a las empresas, es más escéptico sobre las posibilidades inmediatas de este nuevo intento por regular el lobbying: “La agenda de Cobos no es la del gobierno, por lo tanto hoy tiene menos posibilidades de imponerse. Yo hubiera buscado a las bisagras legislativas del oficialismo, porque después, una vez que la iniciativa sale de ahí, la oposición difícilmente rechazaría una propuesta semejante”, reparó Bicarelli. El experto agregó que “además, para darle más énfasis, se requeriría que esta iniciativa sea expresamente acompañada por las grandes entidades empresarias, como AEA, la UIA, la Cámara de Comercio, o la entidad de PyMEs CAME. Pero la iniciativa sola ya es válida para instalar el tema y eso es positivo, porque hoy lobbying en Argentina sigue siendo sinónimo de valija”.