El hackeo –que ventiló información estratégica y comprometedora de Sony- surtió efecto: la productora se echó atrás luego de que algunas cadenas de cine declinaran el estreno por temor a –poco probables- atentados.

Qué tiene que ver la decisión de Sony con la Argentina: El presidente estadounidense Barack Obama reprendió duramente a Sony por haberse inclinado ante las exigencias de los hackers norcoreanos, porque la libertad de expresión es un bien muy preciado en Estados Unidos y casi todas las democracias occidentales, y haberse rendido a la extorsión del impresentable líder norcoreano es sentido por la opinión pública norteamericana como una importante derrota de su país ante un paisucho. Ningún profesional de PR consultado recuerda que un presidente norteamericano recriminara en público a una empresa por ser cobarde y hacerse cómplice de la censura y ceder al terrorismo de un país enemigo.

En Argentina, meses atrás, el otrora todopoderoso secretario de Comercio, Guillermo Moreno, maltratador de empresarios y coautor de la destrucción de la economía de mercado en Argentina, sugirió por llamado telefónico a las cadenas de electrodomésticos y supermercados de Argentina que no debían pautar más sus ofertas de productos en los diarios críticos (Clarín, La Nación y Perfil), balbuceando que afectaría su política de precios máximos. Nunca se entendió en qué podía afectar el publicar ofertas a la inflación crónica que padece la Argentina. Igualmente, supermercados y tiendas de electrodomésticos no preguntaron mucho y acataron: durante más de un año, los hoy principales anunciantes de la prensa gráfica se sumaron a un pedido de boicot contra medios independientes que ni siquiera estaba escrito en un decreto o resolución ministerial y que por otra parte hubiese sido fácilmente rebatido en la Justicia.

Se entiende que la presión del gobierno sobre las empresas díscolas es fuerte: inspecciones impositivas arbitrarias, negación de dólares para importar productos o insumos, generación de discordia gremial y hasta ataques mediáticos de todo tipo en medios públicos o paraestatales, son armas de temer.

Todos acataron y fueron incluso mucho más allá de lo que supuestamente pedía el gobierno, que habló de “publicación de ofertas”. Nada se dijo de publicidad institucional.

Los anunciantes podrían haber buscado una solución intermedia: acatar la orden de manera textual y no publicar ofertas, pero usar aunque sea una parte de esa enorme pauta publicitaria, ya acordada con los diarios, para convertirla en publicidad institucional y no desfinanciar totalmente a los medios. Esos diarios estaban, en definitiva, defendiendo un modelo económico en el que las empresas tuvieran lugar, en oposición al sistema de control total de la economía que no solo no beneficia al país, sino que perjudicó a las propias empresas.

Pero decidieron ser más papistas que el Papa, y retiraron su pauta publicitaria por completo –aunque algunos se rebelaron y siguieron en los sites de esos medios, donde el costo de la pauta es infinitamente inferior. Para los diarios la complicidad de las empresas con el gobierno significó fuertes quebrantos de hasta el 30 por ciento de la facturación publicitaria. Muchos periodistas quedaron en la calle por culpa de ese boicot.

Otro ejemplo es la desaparición –bien reciente- de FM Identidad, una pequeña emisora FM con programación crítica del régimen kirchnerista. Sorpresivamente –y violando la propia Ley de Medios del gobierno- fue vendida al empresario kirchnerista Sergio Szpolszki, que ahora ubica en ese dial su radio Vorterix. Docenas de periodistas críticos, defensores de la democracia y la economía de mercado, se quedaron sin espacio.

El dueño de FM Identidad, Jorge Cassino, adujo que debía vender por falta de ingresos. Ningún otro empresario, con más fondos para invertir en esa pequeña FM defensora de la libertad de empresa y la propiedad privada, se animó a arrimarle el dinero para comprársela y poder mantener el espíritu crítico de uno de los poquísimos oasis del dial que no hacen kirchnerismo explícito o velado las 24 horas. Se habla de unos 300 mil dólares: no más de lo que cuesta un Porsche y menos que una Ferrari. Probablemente primó el temor a incomodar al poder. En el boicot publicitario, los empresarios se equivocaron por acción. En el de FM Identidad, por omisión.

Si bien el valor de la libertad de expresión no está tan afianzado en Argentina como en Estados Unidos, queda claro que las empresas deberán debatir en algún momento qué rol deben cumplir las corporaciones ante ataques dictatoriales a las libertades básicas de una democracia. Toda su política de Responsabilidad Social queda en ridículo cuando las empresas se vuelven cómplices de dictadores. Por acción o por omisión.

Hoy el gobierno kirchnerista está lanzando investigaciones judiciales sobre las empresas por supuesta complicidad durante la última dictadura militar en la desaparición de obreros y sindicalistas de sus planteles. Casi todas las empresas que sobrevivieron a esos años, aunque hoy tengan otros dueños, están en la mira: había terroristas infiltrados en sus nóminas de empleados. Un ejemplo famoso es el hoy escritor Miguel Bonasso, que trabajaba en Prensa y RR.PP. de General Motors, empresa que cerró sus puertas en los 70 gracias a los Bonasso de aquellos años, y recién las reabrió en los 90.

Quizás algún día otro gobierno decida investigar el grave boicot publicitario de las empresas en Argentina y las vincule con la desaparición de empleados en los 70 o el boicot a la película The Interview de Sony y abra el debate sobre la “ciudadanía democrática” de las empresas como un capítulo más de su Responsabilidad Social ¿Lo podremos llamar Responsabilidad Democrática Corporativa?