Prueba de la vocación del sector de enfrentar las críticas en la opinión pública y los medios al esquema de beneficios fiscales y al alto costo de la tecnología made in Tierra del Fuego es que el veterano presidente de esa cámara, Alejandro Mayoral, fue reemplazado por un peso pesado del lobby y la comunicación con buenos contactos con el gobierno: Federico Hellemeyer, ex hombre de comunicación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la gestión del hoy presidente Macri con gran experiencia en comunicación y lobby para cámaras, Mercedes Benz e incluso un breve paso por Greenpeace.
Semanas antes de llamar a Hellemeyer AFARTE había tomado a su primera gerenta de PR, la ex Arcor Carla Goglia. La consultora Burson-Marsteller no fue elegida de casualidad. Había ganado un premio Eikon con su campaña de PR y lobbying justamente en contra de los electrónicos fueguinos con lo que por entonces (2009) había bautizado “impuestazo tecnológico”, aunque no logró frenar el arrollador lobby de los empresarios que bregaban por las prerrogativas fueguinas. En el camino de esa licitación quedó otro “peso pesado” de la comunicación y el lobby con gran experiencia en industriales nacionales, como Ballero, Landoni & Asociados.
AFARTE ya lanzó los primeros pasos de una ambiciosa campaña de PR que incluye visitas de periodistas a las empresas instaladas en Tierra del Fuego. Entre los principales players en la cámara están Newsan, BGH y Mirgor.
AFARTE es una cámara que agrupa a una rama empresaria que no ha generado pocas polémicas en los últimos años: de un lado del debate, los empresarios instalados en Tierra del Fuego sostienen que son una punta de lanza tecnológica nacional porque fabrican allí electrónicos y electrodomésticos con alta tecnología “made in Argentina” gracias a los beneficios impositivos, y contribuyen al desarrollo industrial en una zona remota y despoblada, como el extremo de la Patagonia. Por otra parte, generan numerosos puestos de trabajo que no existirían. La ley que dio origen a esa industria se basaba en el ya olvidado conflicto con la vecina Chile: los militares de aquel entonces vieron la necesidad de que se instalara industria para poblar una de las regiones más lejanas del país.
Pero sus detractores aducen que solo rearman y embalan piezas previamente importadas y que les generan a los consumidores argentinos un costo mayor que si simplemente se importaran esos equipos terminados, y que no le generan valor agregado ni desarrollo tecnológico autóctono a la economía.
La discusión todavía es embrionaria, pero el nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri, sin tener en lo más mínimo una visión “anti-Tierra del Fuego”, podría el crecimiento de ese debate involuntariamente. En los medios de comunicación ya se habla del issue de si los beneficios impositivos y el sobrecosto que se debe pagar en Argentina por la tecnología tiene o carece de sentido.
El problema es que durante buena parte del kirchnerismo los empresarios de AFARTE podían importar sus piezas a un dólar artificialmente subsidiado -a un alto costo social y económico para el país- que ocultaba en parte el enorme diferencial de precios con el resto del mundo. Desde que asumió el gobierno de Macri y unificó el tipo de cambio, esa ventaja desapareció, y cualquier comparación en Internet pone en evidencia el alto costo de la tecnología en Argentina.
Por otro lado, el gobierno apuesta a un fuerte recambio de celulares antiguos por smartphones para mejorar la conectividad y las comunicaciones de los argentinos. De hecho, ningún gobierno antes ha hecho una apuesta tan fuerte a comunicar a través de las redes sociales como el de Cambiemos, liderado por Macri, y el alto costo de la tecnología no facilita ese desarrollo.
Además, el debate podría instalarse con más fuerza como efecto colateral de una discusión general sobre la baja eficiencia de la economía argentina y el alto costo de las medidas proteccionistas heredadas del “modelo” kirchnerista.