La pastera finlandesa que desistió de instalarse del lado argentino del río Uruguay por las coimas que les exigían los políticos locales no solo es un fenómeno de psicosis colectiva, populismo político y mala preparación en la comunicación de crisis: sirve a empresas y gobiernos para entender que tienen que evolucionar en comunicación, si el país quiere dejar de seguir perdiendo sectores clave para su desarrollo, como la minería o la producción de salmón, luego de cerrarse a la industria de pasta de celulosa. Esta imprescindible columna de Aldo Leporati, ex comunicador de Botnia en el conflicto, recuerda que se cumplieron 15 años desde que la planta empezó a funcionar, y que transcurrieron 15 años en los que los finlandeses probaron día tras día que no mentían y cómo los argentinos se dejaron engañar por falsos ecologistas y políticos irresponsables. El silencio alrededor del bochorno y el daño económico que se autoinflinge el país, que lo máximo que puede hacer es venderles a los uruguayos su materia prima.
Asesinos del desarrollo: el negocio fue para los uruguayos, y la contaminación nunca llegó.
Por Aldo Leporati*
El caso que la opinión pública en Argentina denominó Botnia, nombre dado a la planta de celulosa finlandesa en Uruguay frente a las costas argentinas que hoy pertenece a UPM, fue el litigio que más menciones tuvo en las portadas de los diarios argentinos durante 2005 y 2006. Han pasado 15 años desde que comenzó a operar y la realidad ha demostrado que es un modelo de inversión sostenible que cumple con todas las normas ambientales.
Llama la atención que casi nadie recuerde para refrescar la memoria o se haga eco de este caso cuando se cumplen 15 años de la puesta en marcha. ¿Será que nadie quiere reconocer los errores políticos que nos llevan a dinamitar nuestro potencial para desarrollos sociales, culturales y económicos tan necesarios?
En ese momento se produjo un fenómeno de pánico colectivo del tipo descripto por los tratados de psicología de masas. El kirchnerismo y las pseudo ONG’s radicalizadas reunidas sembraron miedos a consecuencias apocalípticas sobre el río Uruguay y la ciudad de Gualeguaychú y aseguraban que sería un Chernobyl 2, desconociendo los avances tecnológicos, y haciendo referencia a viejas plantas de celulosa, que eran efectivamente contaminantes antes de 1984. Con una convicción que parecía no dejar lugar a dudas, vaticinaron muertes de peces y pájaros, enfermedades graves, olores insoportables y playas en desuso. Estas imágenes movilizaron a la población afectada en defensa de su propia vida y la de sus hijos.
Quien intentaba argumentar lo contrario, incluso por motivos técnicos, era considerado un traidor a la patria y se suponía que era “comprado” por los intereses de Botnia. Las pseudo ONG asambleístas, casi sin excepción, rechazaron cualquier tipo de invitación a dialogar y/o visitar modernas plantas en Finlandia de última generación similares a la de Fray Bentos, construidas sobre lagos internos de los que se extraía agua potable sin impactos al medio ambiente. Algunos periodistas que viajaban no se atrevían a escribir sobre la realidad que habían observado. No sólo la comunidad habría sospechado de ellos, sino que el gobierno kirchnerista, que solía atacar a la prensa, podría haber actuado sobre ellos de alguna manera perversa.
La lección de este largo y lamentable proceso es que en materia ambiental es muy importante respetar la opinión seria de los técnicos independientes. Es fácil para los líderes políticos apelar al miedo colectivo en casos en los que se puede presumir una contaminación y politizar como una causa nacional para defender la soberanía. Planteada la amenaza de una situación catastrófica, se puede distinguir “el bien” como la comunidad en peligro a la que el político dice defender, y “el mal” en la empresa industrial acusada de intentar aumentar sus beneficios sin escrúpulos para enfermar y matar.
El uso del caso Botnia atrajo a un gobierno populista, que en lugar de esclarecer, fomentó deliberadamente una ambigüedad que movilizó a ciudadanos comunes a bloquear ilegalmente un puente fronterizo durante más de 800 días seguidos sin que ningún juez reclamara la libre circulación, causando enormes pérdidas económicas y daños a las comunidades de dos países hermanos.
Al día de hoy podemos ver la construcción o el funcionamiento de 3 plantas similares o más grandes en Uruguay (que aportan el 10% del PBI), más de 20 en el sur de Brasil y otra comenzando su construcción en Paraguay. Mientras en la Argentina, no hay ninguna que produzca más de 350 mil toneladas anuales de pasta de celulosa, todas las de países limítrofes superan el millón de toneladas. Hoy Argentina produce por año 880 mil toneladas; con las nuevas inversiones en el 2024, Brasil producirá 23,3 millones; Chile, 5,4 millones; Paraguay 2 millones y Uruguay casi 5 millones. Triste resultado de malas decisiones políticas locales. Otra oportunidad perdida. Cuántos puestos de trabajo desperdiciados. ¡Cuántos millones de dólares que no ingresan al país! Como conclusión, nos quedamos sin pasteras pero haciendo un gran papelón.
La pastera de Conchillas en el departamento de Colonia, llamada Montes del Plata, fue inaugurada durante el gobierno de Cristina Kirchner en Junio 2014 frente a las costas de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Produce un 40% más que la de Fray Bentos. Pero como José “Pepe” Mujica le pidió a Cristina no politizar el caso, los argentinos desconocemos su existencia.
Es un buen caso para entender la dimensión de cómo les doblan la autoridad a los presidentes cuando el anticientificismo se hace opinión popular. Hay cero interés en criticar una situación ambiental con la ciencia en la mano. Panfletaria y con armas emocionales bajas, siempre a favor de la pobreza, el desempleo y la miseria. La locura colectiva que hay en Argentina se frenaría si se pudiera cuantificar el daño económico que causan los pseudo ambientalistas. Tan solo como ejemplo, la planta que produce 1millón de toneladas al año, en 15 años tuvo una ganancia de USD 9000 millones, unos 600 millones al año, cuando la tonelada de celulosa tiene un valor de 800 dólares promedio, y solo un costo de 200 dólares.
Un ejemplo concreto de “La máquina de impedir en Argentina” contra el desarrollo social, económico, político y cultural. Una metáfora que podemos emplear los argentinos para reflejar nuestra impotencia, la frustración de querer y no poder, que condenan al país a un clima de negocios hostil, dejándolo mal parado en el ranking de las naciones más amigables para la inversión. Lamentablemente las políticas públicas desacertadas empleadas insistentemente durante décadas en el país, someten a la iniciativa privada.
Conservando (desafortunadamente) una increíble vigencia, el caso confirma el vicio de una ideología que mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones contra las inversiones privadas, a pesar de castigos, advertencias o consejos, incapaz de aprender de sus propios errores y de atreverse a mirar, sin resentimiento, la receta que aplicaron las naciones más exitosas (como en el caso de Uruguay, Brasil, Chile o Paraguay).
Los países NO son ricos por sus recursos naturales. Se deben crear las condiciones necesarias para generar inversiones genuinas que conviertan esos recursos en riqueza. Un país con minerales NO es rico, pero SÍ con inversiones se puede convertir en un país minero. Un país con pesca NO es rico por sí solo, pero SÍ con inversiones se puede convertir en un país pesquero. Un país con soja, maíz, trigo NO es rico, pero SIN cepos y un entramado burocrático que somete al productor al más despiadado escarnio de la administración pública podemos convertirnos en un país Agroexportador c/valor agregado.
Como dijo Abraham Lincoln: “Puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo, y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo”. Para nosotros en Porter Novelli Argentina fue la mejor experiencia de un caso de comunicación ambiental que hemos desarrollado. Hoy, gracias a Dios, nadie duda de que nuestra comunicación fue siempre transparente y veraz.
* Leporati es director ejecutivo de la agencia Porter Novelli y estuvo a cargo de la comunicación de crisis de Botnia durante la “guerra de las pasteras” entre Argentina y Uruguay.
