Escribe Diego Dillenberger

Una encuesta clave muestra que aparecieron temores a una flexibilización laboral que ya habían desaparecido hace años. Lo atribuyen a errores de estrategia y comunicación del gobierno en un tema tan sensible. El desafío de Milei en una reforma fundamental para su plan de gobierno. 

“Resulta ineludible discutir un plan de actualización laboral que brinde respuestas a las nuevas formas de relaciones laborales”. No lo dice el presidente Javier Milei: es una cita textual del “paper” que publicó en febrero Cristina Kirchner. 

La necesidad de una reforma laboral en la Argentina caló tan hondo en la opinión pública argentina que terminó convenciendo hasta a la ex presidenta que -junto con su marido- complicó tanto las condiciones para que las empresas privadas contraten personal, que en los últimos 15 años el único lugar en el que creció el empleo -y demasiado- fue el Estado.

Pero en la política y el mundo de los encuestadores y expertos en opinión pública están intrigados: ¿ahora que hasta Cristina Kirchner está a favor de una reforma laboral, el tema se volvió impopular de golpe?

La última encuesta de la consultora Opinaia sorprendió a la política y al mundo de los propios encuestadores y consultores políticos. En un ranking de ocho propuestas de reformas estructurales de Milei, la reforma laboral quedó en el fondo de la tabla y con 54 por ciento de rechazo. ¿Cómo puede ser que un consenso social que ya estaba tan arraigado en la Argentina pueda haber mutado de un día para el otro en rechazo mayoritario?

Un par de ejemplos: en 2021 la Universidad de San Andrés había medido a nivel nacional que el 64 por ciento creía que se precisa una reforma laboral para que las empresas den trabajo. Para que quede más claro, al 23 por ciento que dijo no estar de acuerdo con esa afirmación, el equipo de encuestadores del profesor Diego Reynoso le preguntó si les parecía que dar trabajo no es asunto de las empresas, sino más bien del Estado: el 93 por ciento de ese grupo de “negadores” de una reforma laboral dijo claramente que no: no es cuestión de que el Estado se convierta en el único empleador.

El resultado de la encuesta de San Andrés significaba en ese momento que el consenso que ya tenía una reforma laboral era enorme y que tenía potencial para crecer todavía más. Solo hacía falta convencer a muchos de los que no estaban de acuerdo con que no hay otra forma de crear más empleo formal que una reforma laboral, si no se quiere inflar todavía más el Estado hasta que estalle en una hiperinflación. 

El año pasado, la encuestadora FGA, de Federico González, había dado un paso más para sondear cuán popular se había vuelto la idea de una reforma laboral y probó cuánto podía crecer el consenso haciendo una suerte de experimento social. 

Para testear la popularidad de una flexibilización de las condiciones de contratación bien explicada preguntó primero argumentando como los sindicalistas, que se oponen a cualquier reforma del statu quo laboral: “una reforma laboral es una excusa para quitarles sus derechos a los trabajadores”. Previsiblemente, obtuvo una ligera mayoría en contra.

Pero la realidad es que los gremialistas no dicen toda la verdad: una reforma laboral nunca podría quitarles derechos adquiridos a trabajadores que hoy están en relación de dependencia, porque sencillamente semejante despropósito no pasaría por la instancia de la Corte Suprema de Justicia. 

“Pacta sunt servanda” es un principio legal que no se puede violar y menos en un tema tan sensible como el empleo: los acuerdos deben ser respetados, y la Ley de Contrato de Trabajo ya lleva en su nombre que es un “contrato”. Cualquiera que haga una reforma laboral solo la podría hacer hacia adelante, para los nuevos empleados. Y la realidad es que en el sector privado, la mayoría de los trabajadores están en la informalidad. 

La Argentina sólo podría resolver dramas como el sistema previsional quebrado por falta de aportantes o el Estado convertido en una guarida de “ñoquis” que ya no puede solventar haciendo antes una reforma laboral que aliente a los privados a contratar “en blanco” y así reemplazar al “estado empleador”: la laboral es “la madre de todas las reformas”. Y sin esas reformas, al gobierno solo le queda como alternativa seguir “ajustando”. Y cambiar inflación por recesión es una herramienta para el corto plazo y con destino incierto, si el gobierno no logra las reformas estructurales que la economía pide a gritos desde hace años. 

Así que González preguntó si los argentinos estaban de acuerdo con que “para generar más empleo, una reforma laboral debería respetar los derechos adquiridos de los actuales empleados, pero flexibilizar las condiciones de contratación de los nuevos que se incorporen”. El acuerdo llegaba al 71 por ciento.


¿Cómo se explica entonces que ahora que el 56 por ciento de los votantes eligieron al “libertario” Javier Milei, la encuestadora Opinaia esté midiendo semejante rechazo a la reforma más popular que podría haber en la Argentina?

La respuesta está en la deficiente comunicación que tuvieron hasta ahora las reformas que presentó el gobierno de Milei: lanzar más de 300 normas por decreto y otras 600 en una ley Ómnibus sin explicar de qué se trata y cuáles serán sus beneficios no es inocuo para la opinión pública. 

La comunicación más efectiva es la de los gestos: todo el capítulo de reforma laboral, tan conflictivo en la historia argentina, pareció ir casi “escondido” entre los más de 300 DNU y mezclado con temas debatibles constitucionalmente, como el derecho a huelga. 

Por más que la Justicia en la opinión pública argentina esté casi tan desprestigiada como la política, los fallos en contra en primera y segunda instancia que consiguieron los gremialistas para frenar el capítulo laboral del DNU, distorsionaron el “mensaje”: “algo debe estar mal con la reforma laboral que pretende Milei”.

Milei violó así uno de los principios más antiguos de la teoría de la comunicación, que reza que no importa lo que digas ni cómo lo digas: lo verdaderamente relevante es cómo interpreta el receptor ese mensaje. Y ese mensaje llega con ruido: “querían sacar una reforma laboral de prepo y a las escondidas y limitar el derecho a huelga con un decreto, porque no se animan a debatir una ley, y por algo lo frenó la Justicia”. No importa lo que digas, sino cómo lo entiende el otro. El mensaje se decodifica: “algo huele mal ahi!.

La encuesta de la consultora del sociólogo Valentin Nabel no es otra cosa que la factura que le pasó el electorado a la mala estrategia comunicacional de la reforma laboral, un tema demasiado espinoso en la historia Argentina como para tratarlo tan a la ligera: la encuesta pone en evidencia el costo de la mala comunicación de un gobierno y de todo el empresariado que hizo poco y nada por instalar el tema.

De hecho, todos los presidentes no peronistas en los 40 años de democracia lo intentaron y fracasaron: Alfonsín probó a su tiempo y fracasó por un voto en el Senado. El gobierno de Fernando De la Rúa terminó cayendo a los dos años, después del escándalo de las nunca probadas “coimas” en el Senado para conseguir su propia reforma. Mauricio Macri tampoco pudo avanzar en el Senado con su propuesta de reforma laboral “light”.

Recordando estos oscuros antecedentes, el frágil consenso que se había instalado en la Argentina en los últimos años a favor de una reforma laboral debía ser tratado entre algodones.

¿Cuando Cristina Kirchner vio la encuesta de Opinaia días después de publicar su tesis, se habrá arrepentido del “paper” que alentaba a la reforma laboral? ¿Cuántos políticos oportunistas estarán recalculando en estos momentos sus intenciones reformistas? 

A Milei se le presenta ahora uno de los mayores desafíos comunicacionales de su gobierno. 

Información publicada en el portal de TN:

La encuesta de Opinaia que mostró el costo que tiene la mala comunicación.