Por Diego Dillenberger
“Estamos controlando los Precios Cuidados y máximos de referencia”, explica el funcionario de la Secretaría de Comercio frente a cámara desde el mismo teatro de operaciones: un “chino” de barrio. “Clausuramos este comercio porque detectamos 14 irregularidades”, explica el funcionario, mientras la cámara muestra al laborioso pelotón de inspectores revisando góndolas. Todos uniformados con remeras negras. El color negro, después de todo, no es una patente registrada a nombre de Benito Mussolini.
“Lo clausuramos por 24 horas para invitar a este comerciante a acomodar sus precios y revisar toda su mercadería”, explica el funcionario esbozando una sonrisa socarrona.
Remate del video realizado por la Secretaría de Comercio para las redes sociales: “Argentina, Unida”.
Bienvenidos a la más brillante estrategia de comunicación que ideó jamás el kirchnerismo y que por estos días está cumpliendo siete años de exitosa continuidad.
Precios Cuidados, con sus diversas variantes, rige desde 2014 y fue ideado por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof como variante más sofisticada para reemplazar el control de precios patoteril e inútil que ejercía hasta ese momento el muy polémico secretario de Comercio Guillermo Moreno.
¿Sabría Kicillof que estaba generando para el peronismo la más formidable estrategia de comunicación de las últimas décadas?
Por lo pronto, el macrismo, que gobernó entre 2015 y 2019, fue protagonista de la mayor parte de ese “éxito”: el programa Precios Cuidados, con sus variantes y modificaciones, duró los cuatro años de mandato del presidente Mauricio Macri, que hoy tendría derecho a reclamar la mayor parte del festejo del séptimo aniversario de una idea que se convirtió virtualmente en la única política de Estado que hoy rige en la Argentina, además del reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas.
¿Sabrá Mauricio Macri que ha contribuido significativamente a consolidar la más genial estrategia comunicacional del kirchnerismo?
Mientras Cambiemos no haga pública una autocrítica de los graves errores de gestión económica de su gobierno, imposible saberlo.
Por lo pronto, como mecanismo para “cuidar los precios”, Precios Cuidados, previsiblemente, no sirvió para nada: los “precios cuidados” llegan a su séptimo aniversario habiéndose multiplicado por siete: los productos que cuida Precios Cuidados hoy cuestan casi siete veces más.
Pero nunca fue la misión de Precios Cuidados terminar con la inflación crónica de la Argentina, que pronto cumplirá dos décadas y podrá pasar a la historia como fenómeno único en el mundo: un país que no pudo controlar su inflación por una generación completa.
La misión de Precios Cuidados era culpar de la inflación a las empresas, y ese objetivo se logró con creces.
Peter Senge explica magistralmente en su Quinta Disciplina -probablemente el mejor libro de management jamás escrito- cómo las organizaciones buscan desviar la responsabilidad de las causas de los problemas hacia sus síntomas: “shift the burden”, se llama ese esquema perverso que los sucesivos gobiernos argentinos vienen aplicando desde hace décadas con tal de no encarar el problema estructural de fondo, que es el volumen de su Estado, su sistema previsional quebrado y una economía con cada vez menor capacidad de crecer por culpa del sector público y de una serie de normas absurdas que impiden desarrollar la inversión y la actividad privada. El resultado es el crecimiento imparable de los niveles de pobreza de la población.
Y a alguien hay que culpar de semejante fracaso como país. Así, la inflación ya no sería el síntoma de un grave problema estructural, como el tamaño del Estado, la rigidez del mercado laboral y la incapacidad de su economía de financiar el déficit público que se infla año a año, sino que sería culpa de las empresas, que producen o comercializan los productos que la gente compra a precios cada vez más altos.
Muy por el contrario, según esta versión el Estado hace un gran esfuerzo por controlar a los abusadores empresarios a través de Precios Cuidados: mientras las empresas te descuidan, el Estado te cuida.
Que no extrañe entonces, que la opinión pública argentina sea la más anticapitalista del mundo, según la encuesta global del Pew Research Center, que incluye a países como Venezuela, China, Vietnam y Rusia, cuya población es más procapitalista que la Argentina.
Las encuestas muestran también la opinión pública de nuestro país es la más estatista de la región. No podría ser de otro modo: si las empresas son consideradas como lo peor porque no cuidan los precios, tiene que venir el gobierno, con sus inspectores de remera negra, a clausurar y hacer reflexionar a los malvados comerciantes que nos descuidan.
Es probable que algunos de nuestros empresarios se hayan dado cuenta que si no se hacen cargo de trabajar sobre la opinión pública para esclarecer y transparentar este perverso mecanismo, el sistema de economía de mercado seguirá siendo altamente impopular en la Argentina.
En un programa de televisión me tocó debatir con un joven economista kirchnerista que estaba convencido de que en todos los países del mundo hay Secretarías de Comercio con ejércitos de controladores que “ponen en caja” a sus empresarios y comerciantes para que no suban los precios. La diferencia radicaba en que los empresarios de los otros países son menos malvados que los argentinos, sostenía este joven economista recibido en la UBA.
Ante mi pregunta de si alguna vez había visitado y estudiado seriamente por qué en “los otros países” no había inflación, como en Argentina, me confesó que no.
Así que preparémonos para ver en los próximos años cada vez más ejércitos de “remeras negras” controlando y clausurando comercios en defensa de los “Precios Cuidados”.
De hecho el año 2021 arranca con los intendentes del conurbano prometiendo hacer de policía con sus empleados para controlar la ley de góndolas, y la Secretaría de Comercio prometiendo más camisas pardas para revisar precios máximos: más controles a empresarios cada vez más maliciosos.
Podemos anticipar que el gobierno promoverá un mecanismo adicional para culpar de la inflación a las empresas -que ya lo venía usando el kirchnerismo- que es “la puja distributiva”.
En 2021 habrá más inflación. Luego del año de cuarentena y con la estrepitosa caída de nuestro PBI récord a nivel mundial, los sindicatos ya no esperarán y saldrán con toda su fuerza a reclamar aumentos de sueldo a las empresas. Y a los empresarios no les quedará otro remedio que ceder a sus exigencias y luego intentar trasladar esos aumentos salariales a los precios.
Esto que en otras partes del mundo denominan “inflación descontrolada”, aquí será bautizado por el gobierno del presidente Alberto Fernández como “puja distributiva”. Será presentada como un intento legítimo de los trabajadores para defenderse de la inflación generada por las empresas, y no como causa del déficit público crónico y de la consiguiente emisión monetaria sin respaldo para financiar a un Estado quebrado. Así, el gobierno cuida los precios de los malvados empresarios, y los trabajadores aspiran a que los malos empresarios les aumenten para compensar por los precios que ellos suben para capturar cada vez más tajadas de la “renta” que sale del trabajo del pueblo trabajador.
Un último pronóstico: ante la coyuntura, los empresarios callarán y no explicarán que estos disparates son producto de la mala política y de la estrategia de comunicación del gobierno.
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