Algunos lobbyistas y expertos en public affairs intentaron introducir una ley de lobbying en la Argentina de la mano del anterior gobierno de Mauricio Macri. Argentina es un país internacionalmente famoso por la abundancia de prácticas antiéticas de gestión de intereses privados ante el estado.
El esfuerzo, apoyado por aquel gobierno, no prosperó. Sucumbió… ante las gestiones de intereses de otros lobbies.
Los pros que destacaban los profesionales para tener una ley de lobbying era que prestigiaría la actividad, siempre sospechada de prácticas “non sanctas”. La contra que mencionaban otros lobbyistas de la vida real era que la regulación no sirve para nada, no transparenta nada y complejiza su trabajo y que, si de soborno se trata, ninguna ley lo puede impedir.
De todos modos, el lobbying es tan inevitable como imprescindible en una democracia: los legisladores y reguladores gubernamentales no suelen tener la información completa de cómo afectan sus decisiones la vida social y económica. Es más, suelen votar leyes o firmar resoluciones sin tener la más mínima idea de sus consecuencias.
Para cortar por lo sano y hasta que la política se ponga de acuerdo, ahora el Consejo Profesional de Relaciones Públicas presentó un Decálogo de Buenas Prácticas en la Gestión de Intereses con recomendaciones para que la actividad “pueda ser ejercida de un modo transparente e íntegro”: una suerte de propuesta de autorregulación -por lo menos para sus asociados- hasta que el tema alguna vez sea retomado por la política.
Como su formato lo indica, el decálogo tiene diez recomendaciones, y entre las más relevantes están las de brindar la información suficiente para poder identificar los intereses que representa. El decálogo propone al gobierno que elabore un registro público de lobbyistas para asentar los actores que intervienen, qué reuniones mantuvieron y qué posiciones defendieron.
Otra propuesta relevante es que el lobbying que se ejerza no debe fomentar la limitación de la competencia ni perjudicar al “bien común”: tema bastante debatible, ya que todo lobby siempre argumenta con el “bien común”, pero suele apuntar a beneficiar o defender intereses individuales o grupales.
Más relevante es la séptima cláusula del decálogo, que prohíbe que los gestores a la vez estén vinculados con los propios funcionarios o, lo que sucede habitualmente en la Argentina, es que los funcionarios y los privados que se benefician con sus decisiones suelen ser familiares o amigos: o sea, socios o, directamente, testaferros de los propios funcionarios.
La octava cláusula apunta contra las dádivas o regalos, otra de las formas con las que se “complementa” la constitucionalmente legítima tarea de informar desde diversos grupos de interés a los legisladores y funcionarios.
Finalmente, en el punto diez se insta a los socios del Consejo a cumplir con ese decálogo.
Pablo Cattoni, Presidente del Consejo, en la presentación del documento explicó que “este decálogo es el fruto del análisis de diferentes materiales y proyectos regulatorios que fue liderado por un grupo de profesionales para contar con un documento de base que permita dar marco a la discusión sobre la temática en la Argentina. Es un punto de partida y también una invitación a las diferentes instituciones del sector a sumarse al debate sobre la temática con el fin de continuar elevando los estándares éticos y técnicos de la profesión en nuestro país”.
