Escribe Diego Dillenberger desde San Juan
“Será lo más grande que vimos hasta ahora y a nivel nacional”. Lo confirman desde la CAEM, la cámara minera, luego de que anticiparan que están por lanzar la que podría ser la mayor campaña de comunicación y generación de conciencia de la actividad minera en la Argentina. El adelanto se hizo en San Juan, donde la cámara que agrupa a las empresas del sector se sinceró sobre sus enormes dificultades para conseguir “licencia social” en diversas provincias que directamente prohíben la actividad minera moderna como la conocemos hoy.
Para la economía argentina, un país que no le encuentra todavía un piso a su derrumbe hacia el empobrecimiento, la minería podría ser una de las claves para frenar esa caída: Chile, al otro lado de la misma cordillera, exporta diez veces más minerales y logró un ingreso por habitante que hoy duplica al de la Argentina.
Durante un panel sobre las “perspectivas económicas para la Argentina que viene” en el arranque de la primera Asamblea de Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) que se realiza en San Juan a instancias del diario local Huarpe, Marcelo Alvarez, el director ejecutivo de la canadiense Barrick para Sudamérica anticipó la campaña, que arrancaría en noviembre con la elección del nuevo gobierno en la Argentina.
En la cumbre de los editores de diarios argentinos, los mineros buscaron la comprensión de los medios de comunicación para transmitir el mensaje de la importancia de la minería para la economía argentina y de la sustentabilidad de sus prácticas.
Por el sector minero estuvieron también Mario Hernández, RRPP de Panamerican Silver y Luciano Berestein, de Albemarle Argentina.
No solo el sector está necesitado de mayor comprensión por parte de la sociedad. Sin saberlo, la sociedad argentina precisa mirar con más “cariño” la minería, si aspira a darle chances al país de obtener una fuente de divisas que no dependa exclusivamente del campo, del poroto de soja y de que llueva.
El panorama para la industria minera local no es bueno: la última encuesta de la consultora CIO de la percepción de los líderes de opinión de la Argentina sobre cuáles son los sectores que más contribuyen con el desarrollo económico del país muestra que la minería está último en la tabla. Entre los sectores “más confiables”, ni figura.
Para la encuesta de líderes de opinión de CIO fueron entrevistados funcionarios públicos, directivos empresarios y periodistas. Al último grupo -reunido por Adepa en San Juan- es al que apuntaban la CAEM y Barrick para lograr mejor comprensión del valor económico que le puede aportar el sector a la economía.
Ante este cuadro, no es tan extraño que tres provincias directamente prohíban la minería, a pesar de que la actividad es constitucional: Chubut, La Rioja y, la más relevante por su potencial minero: Mendoza. Le dan al sector un trato similar al de la venta de droga o la prostitución. Pero ni los teléfonos celulares, ni los autos eléctricos, ni la inteligencia artificial serían posibles sin minería.
En Chubut y Mendoza incluso llegaron a un acuerdo de toda la dirigencia política para por lo menos cambiar la legislación de modo de permitir que las municipalidades decidan si aceptan la actividad minera y se toparon con violentas protestas. Hay municipios ricos en minerales con una población ávida de que llegue la minería con sus inversiones, pero sus conprovincianos más “urbanos” se oponen tajantemente y no aceptan argumentos de que en lugares como Canadá, Australia o Estados Unidos esas mismas empresas llevan a cabo formas sustentables de minería y al cotizar sus acciones en mercados internacionales, no pueden “trasladar” contaminación a otros lugares del planeta.
Pero “marche preso”: la sociedad argentina cierra el debate contundentemente: “en Canadá hay políticos canadienses, aquí tenemos políticos argentinos corruptos que van a pedir sobornos para no controlar nada”. Es el mayor desafío del sector minero para obtener licencia social: parte del problema es la comunicación de la minería, que puede mejorar, pero es difícil cambiar la percepción pesimista de la sociedad sobre su dirigencia.
De hecho, todos los presidentes argentinos de los últimos años se entusiasman cuando arrancan con las perspectivas que puede generar la minería para la economía, pero a las primeras piedras y bombas molotov se bajan de esa opción.
Desde hace décadas que portentosos yacimientos de oro, plata y cobre quedan bajo tierra en el país, mientras la economía argentina desfallece por falta de dólares, porque los gobiernos y las propias empresas no convencen a la mayoría de que hoy se puede desarrollar la minería con relativa sustentabilidad como para compatibilizar el negocio con el cuidado ambiental.
“La sociedad argentina cierra el debate contundentemente: en Canadá hay políticos canadienses, aquí tenemos políticos argentinos corruptos que van a pedir sobornos para no controlar nada”
De hecho Marcelo Alvarez, el máximo dircom y lobbyista de Barrick, piensa mudarse de Santiago de Chile a Mendoza, donde hoy no hay ninguna mina de la empresa, para “entender mejor a la sociedad y la dirigencia mendocina”, explica el innovador paso de la mudanza. Alvarez es argentino y colombiano, y además de haber manejado la comunicación de empresas y gobiernos, fue el nexo clave para que Colombia llegue a un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Podrá lograr un acuerdo entre la política, la minería y la sociedad mendocina? El desafío parece mayúsculo.
Pero Alvarez sostiene que son los gobiernos y no tanto las empresas del sector los principales responsables de generar el cambio cultural en la sociedad para que la minería obtenga su “licencia social” para operar. “No quieren asumir el costo político que significa discutir con los ecologistas y convencer a la opinión pública de que la minería es necesaria y que se puede hacer responsablemente”. ¿Podría una serie de plebiscitos en esas provincias antimineras calmar a los ecologistas? Solo puede funcionar después de mucha comunicación.
Un ejemplo de cómo el falso ambientalismo termina siendo otro “tiro en el pie” de la dirigencia argentina para el futuro del país fue el tristemente célebre caso de las “pasteras” uruguayas o Botnia: inicialmente querían instalarse en la Argentina, no aceptaron las “propuestas indecentes” de peajes que les pedía el gobierno de la provincia de Entre Ríos y se cruzaron a Uruguay. Desde allí el entonces gobernador Jorge Busti con el ex presidente Néstor Kirchner iniciaron una cruzada nacional presuntamente ecológica contra “las pasteras uruguayas” con fake news que el tiempo demostró totalmente falsas: hoy el polo papelero uruguayo le aporta el 10 por ciento del PBI a ese país, y la Argentina, en el mejor de los casos, le puede exportar algo de materia prima (madera) al Uruguay. De la tan “prometida” contaminación, nunca se comprobó nada. Y pasaron 15 años. El polo papelero se quería instalar en Entre Ríos, una de las provincias más pobres de la Argentina.
Mina Veladero, San Juan: “Los gobiernos no quieren asumir el costo político de defender la minería”
