Corte Suprema: los empresarios argentinos tomaron partido contra el gobierno
Casi pasó inadvertido, pero para el mundo de la comunicación corporativa y public affairs de la Argentina significa un cambio copernicano en su forma de llevar adelante su comunicación y su vínculo con la sociedad: dos de las principales organizaciones empresariales criticaron el intento del gobierno argentino por ampliar la Corte Suprema de Justicia.
No se trata de una opinión técnica sobre un debate académico-jurídico, sino más bien de una toma de postura de gran calibre político en un tema que es la razón de ser del actual gobierno peronista del Frente de Todos: la ampliación de cinco a 25 miembros de la Corte apunta a asegurarse que ese máximo tribunal constitucional sea siempre peronista, como la mayoría de las provincias, y garantice que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y otros comilitones kirchneristas, resulten absueltos de sus causas por corrupción.
Las empresas que salieron a rechazar la ampliación de la Corte explicaron claramente por qué sostienen esa postura, pero la decisión inusual de meterse en un tema tan político no solo tiene que ver con sus legítimos intereses de negocio, sino que no hacen más que sumarse a una tendencia global que se aceleró a la velocidad de la luz por el ataque de Rusia a Ucrania: las empresas están cada vez más obligadas por la opinión pública a tomar partido.
IDEA, el prestigioso Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, que realiza el famoso Coloquio, y el más informal Foro de Convergencia, que reúne a las principales cámaras empresarias, salieron a expresar preocupación por el proyecto oficial para ampliar la Corte Suprema.
En un comunicado, los de IDEA dijeron que el proyecto “afectará negativamente a la inversión y el empleo”, mientras que desde el Foro explicaron que la iniciativa generará incertidumbre para las inversiones.
IDEA calificó el proyecto como “mensaje negativo grave contra la necesidad de mantener instituciones sólidas” y destaca que el proyecto apunta contra la división de poderes, ya que buscaría subordinar la Justicia al poder político.
La corriente de ESG está llevando a las empresas a incorporar la necesidad antes impensada de tomar posturas políticas, y las corporaciones tendrán que analizar dónde no meterse y dónde no tienen más remedio que tomar partido.
Una edición especial del Trust Barometer de la consultora Edelman, publicado días atrás, da cuenta de cómo el ataque de Rusia a Ucrania metió a las empresas en el ojo de la tormenta por ese conflicto, pero que el conflicto geopolítico en el este de Europa no es más que una tendencia que se viene acelerando hace más de una década: la opinión pública exige a las corporaciones privadas que tomen partido.
Según esta “edición extra” del Trust Barometer -que se publica con el arranque de año y se reeditó a raíz de la guerra de Ucrania- el 79% de los encuestados cree que las compañías que se suman al boicot contra Rusia son más confiables para ellos, y el 80% de los empleados recomendaría a sus empleadores que tomen esa decisión. Además, más del 60% cree que los directores ejecutivos deben abordar el problema, desde un punto de vista que explique de qué manera seguir actuando en sus negocios con Rusia.
Llama la atención en los resultados de la edición extra del Barómetro de Confianza de Edelman sobre la geopolítica y los negocios que si las empresas toman la decisión de abandonar territorio ruso pueden ganar hasta 30 puntos más en la tabla de confianza; mientras que los que continúen con sus negocios en Rusia, podrían perder hasta 38 puntos de confianza: todo un desafío para la gestión de la reputación de las empresas, especialmente aquellas con alto grado de conocimiento en la opinión pública. Así hemos visto como marcas de consumo masivo como Starbucks o McDonald’s, pero también empresas industriales, armaron sus campañas de PR en torno a su retiro abrupto de Rusia. Según Edelman, ya se fueron más de mil empresas de Rusia.
La gente encuestada espera que las empresas suspendan todo tipo de negocios, como medicina y alimentos y bebidas, donde el 56% cree que tomando estas medidas, forzarán a que Rusia abandone las operaciones bélicas en territorio ucraniano.
De alguna forma, los encuestados esperan que se tomen medidas similares cuando en los países se tengan prácticas laborales abusivas, gobiernos represivos y protecciones ambientales inadecuadas. Un 62% es el grupo de personas que cree que son las empresas las que deben poner límites y tomar la decisión de retirarse de este tipo de países.
Según una reciente nota del Financial Times, los propios lectores del diario de negocios dijeron en una encuesta que en un 96 por ciento sostienen que sus empresas experimentan más presión de la opinión pública para tomar posición en cuestiones políticas, de ética y moral.
Para Larry Fink, del gigantesco fondo BlackRock -un viejo conocido de la Argentina por haber liderado las negociaciones de la última reestructuración de bonos- el “capitalismo de stakeholders” no implica que los CEOs expresen su opinión política sobre cualquier tema a cada rato, pero que sus empresas sean una voz consistente, tengan propósito y una estrategia coherente y visión de largo plazo”.
La corriente del ESG (ambiental, social, buenas prácticas) está llevando a las empresas a incorporar la necesidad antes impensada de tomar posturas políticas, y las corporaciones tendrán que analizar dónde no meterse y dónde no tienen otro remedio que tomar partido.
La nota recuerda que el movimiento de compromiso corporativo se inició y aceleró en Estados Unidos -cuándo no- luego de issues de ese país como el matrimonio igualitario en 2012 o los asesinatos del joven negro Michael Brown, en 2014, y George Floyd, en 2020.
Vale la pena recordar la “guerra” de Walt Disney en Florida por su Disney World en Orlando con el gobernador republicano hiperconservador Ron De Santis: debió tomar partido contra una ley del estado de Florida contraria a la educación de inclusión de género (apodada despectivamente ley “no digas gay”) por presión de sus propios empleados. Disney ya venía, además, con una serie de cortocircuitos con el Estado de Florida.
En paralelo a la guerra en Ucrania, las empresas sienten cada vez más presión de la opinión pública y de inversores institucionales y minoristas por el cambio climático.
La nota del Financial Times incluso destaca que la próxima frontera que las empresas tendrán que tener en cuenta son las donaciones políticas, y cita el caso de IBM. El gigante informático decidió abrirse de esa costumbre clásica de repartir un poco a todos y asegurarse buena voluntad, a la luz de que esos donativos pueden crear “monstruos” como Donald Trump o pueden verse empujados a una grieta política indeseable. IBM tiene hasta un comité para decidir caso por caso cuándo y cómo involucrarse en issues sociales o políticos.
En la Argentina, las empresas entienden algo de “grietas”.
