Ya rige en algunos países de la región, como Chile y México, y es como las cajitas de cigarrillos a los que ya se acostumbraron los argentinos: antes que la marca, los fumadores se encuentran con terribles fotos de enfermos y advertencias sobre el daño que hace el tabaco a la salud.
La ley de etiquetado frontal de alimentos, que está por obtener sanción completa en la Cámara de Diputados esta semana, es algo parecido para la industria de la alimentación, un sector clave de la economía argentina.
La agencia BL Asuntos Públicos, dirigida por Esteban Bicarelli está trabajando para dos cámaras en la tarea de public affairs para atemperar una ley que puede tener beneficios para lograr un consumo más saludable de alimentos en algunas poblaciones, pero que será una carga para un sector cada vez más golpeado: la industria alimentaria.
La opinión pública se enteró a través de una profusa campaña publicitaria en medios y vía pública que estuvo a cargo de la fundación FIC Argentina, financiada por el Global Health Advocacy Incubator de Estados Unidos, con donantes poderosos.
El trabajo de la agencia de public affairs fue contratado por las cámaras COPAL, la cámara que aglutina a todos los sectores alimenticios, y Cadipsa, la asociación de empresas de gaseosas.
Como es habitual en los debates de temas empresarios en Argentina, los empresarios no opusieron un debate en la opinión pública, probablemente a sabiendas de que tenían las de perder, porque no es imaginable que no avance algún tipo de regulación que haga más transparente y claro el riesgo de determinados alimentos para la salud.
Sin embargo, la COPAL cuenta con la consultora de PR y Asuntos Públicos Lanusse Consultores, que tiene a su cargo la comunicación de la cámara y este espinoso tema.
El reflejo de su comunicación no es masivo, como el de la FIC, sino que busca llegar a líderes de opinión.
Consecuencia de esa política de bajo perfil: cualquier diputado que esta semana no vote a favor de esta ley puede ser catalogado de “envenenador” o mercenario de los lobbies de las multinacionales. De hecho la Amcham, la cámara que reúne a las empresas de Estados Unidos, fue una de las auspiciantes de la defensa local: desde USA venía el lobby a favor y en contra del etiquetado.
Sin embargo, el objetivo de lobby de las empresas del sector no es evitar el etiquetado en sí, sino atemperarlo lo más posible, con varias estrategias, como la de esperar a armonizar con todo el Mercosur y limar excesos. Tampoco debatieron que el estado busca controlar a las industrias, pero que en países como la Argentina, la venta de alimentos “en negro” y en la calle es un descontrol absoluto y tolerado.
El etiquetado frontal va a significar un gran desafío para el marketing de los alimentos, no solo por las duras advertencias de los octógonos negros, sino por cómo invaden el diseño del packaging.
La industria y el comercio de alimentos ya debe soportar una absurda “Ley de Góndolas”, aprobada por oficialismo y oposición, que cuantifica cuánto espacio en los supermercados pueden ocupar las marcas de las empresas de la industria y cuánto dejar a Pymes que muchas veces no existen.
Los expertos de la industria de los alimentos, que no debatieron por qué puede ser menos exigente la ley de etiquetado frontal, apostarán a partir de esta semana a enderezar y atemperar excesos en el proceso de reglamentación. Aunque, ya se sabe: la reglamentación ya no podrá dar marcha atrás a una nueva ley que le hará más difícil la vida a las empresas.
Y todo indica que es probable que ya para fin de año quede reglamentada.
